El ombudsman queretano, Javier Rascado Pérez, presentó su tercer informe de labores ante la Legislatura Local, donde en tres años se han emitido apenas tres recomendaciones.
“Rendir cuentas y al mismo tiempo fijar horizonte, este informe no puede entenderse únicamente como el cumplimiento de un trámite, es en realidad un acto de estado que supone una conversación publica sobre el ejercicio del poder, sobre sus límites, sobre sus deberes y sobre la forma en que una sociedad decide entender la dignidad humana”.
Destacó que desde el 2022 cuando inició su gestión la defensoría duplicó su alcance social, pasando de 3 mil 527 acciones de atención y respuesta en 2022 a 6 mil 341 acciones en 2025.
Afirmó que hay solidez y confianza en el actuar de la DDHQ, donde se han emitido 1 mil 526 resoluciones emitidas desde el 2022 a la fecha con 59 impugnaciones presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
“Pasamos de 33 mil 852 personas capacitadas o beneficiadas con acciones de difusión, a 63 mil 417 en 2025, un crecimiento del 87%”.
Afirmó que la función de protección y defensa se expandió de manera contundente y que de 3 mil 527 acciones de atención y defensa en 2022, pasaron a 6 mil 341 en 2025, un crecimiento del 79%, además que las supervisiones a centros de detención, centros de salud, albergues, centros de rehabilitación y cualquier espacio de atención a grupos en situación de vulnerabilidad tanto públicos como privados, pasaron de 139 a 338, lo que representa un crecimiento de 143% en la capacidad de inspección física de la Defensoría.
“El giro preventivo no se consolida solo por voluntad de quienes formamos parte de esta defensoría… este nuevo paradigma de prevención se consolida cuando el estado en su sentido amplio decide constituirlo en una política pública, es por ello que les propongo entender el compromiso por la protección y defensa de los derechos humanos como una corresponsabilidad compartida entre todo quienes formamos parte del aparato del Estado y en esa corresponsabilidad, el poder legislativo tiene un papel insustituible, porque es aquí donde se definen los marcos, las capacidades y las condiciones de estabilidad institucional que nos permite materializar la salvaguarda de la dignidad de todas las personas, particularmente de aquellas quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad”, finalizó.
