Katia Lemus
Las áreas con mayor número de controversias presentadas por ciudadanos corresponden a las instituciones de Seguridad Pública y al Transporte Público, principalmente por multas e infracciones emitidas a nivel estatal y municipal, reconoció Juan Pablo Rangel Contreras, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa.
Explicó que las fotomultas y sanciones de tránsito se han convertido en uno de los temas más recurrentes en la ciudad, especialmente desde inicios de 2025, cuando las autoridades comenzaron a cobrar de manera más estricta y a condicionar trámites como licencias de conducir al pago de dichas multas. “Ese cambio generó un incremento considerable en las demandas que recibimos”.
Además de seguridad y transporte, dijo, el Tribunal atiende casos relacionados con materia fiscal y daños patrimoniales ocasionados por distintas dependencias estatales. “La carga de trabajo es muy variable, pero la parte gruesa se concentra en multas de seguridad y transporte”.
Respecto a las resoluciones, indicó que algunos procedimientos han derivado en sanciones a funcionarios públicos, que van desde suspensiones e inhabilitaciones hasta la destitución en casos graves, sin embargo, recordó que ciertos asuntos se mantienen bajo reserva por tratarse de procesos legales en curso.
“El Tribunal de Justicia Administrativa reafirma su papel como instancia clave para garantizar la legalidad y atender las inconformidades ciudadanas frente a actos de autoridad”.
En otro tema, Rangel Contreras, informó que entre el 25 y el 27 de mayo se registró un aumento significativo en la actividad del órgano jurisdiccional, reflejado tanto en la atención de controversias como en la emisión de sanciones.
Aseveró que la primera gran función del Tribunal es resolver las controversias entre particulares y autoridades, a nivel estatal y municipal.
“En este rubro, se ha observado un incremento de entre 10 y 15 por ciento en las demandas de juicios de nulidad, lo que refleja, por un lado, la necesidad de los ciudadanos de defenderse frente a actos de autoridad y, por otro, una mayor confianza en la institución para solicitar justicia.
La segunda función corresponde a las responsabilidades administrativas, donde el Tribunal sanciona a servidores públicos y, en su caso, a particulares por faltas graves determinadas por los órganos internos de control. Estas observaciones pueden derivar de procesos de fiscalización municipales, estatales o de la Procuraduría del Estado.
En lo que va del año, el Tribunal ha emitido 22 resoluciones en materia de responsabilidades administrativas: 11 de ellas resultaron sancionatorias y las otras 11 fueron desechadas y devueltas a los órganos de control por distintos motivos. “Estamos hablando de un porcentaje cercano al 50% de sanciones efectivas”, puntualizó el magistrado presidente.
Con estos resultados, el Tribunal de Justicia Administrativa reafirma su papel como garante de la legalidad y la rendición de cuentas en Querétaro, fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones.
