Katia Lemus Barajas
El Gobierno de Querétaro será pionero en materia de adopciones al incorporar un certificado de abandono y exposición, el cual permitirá que las y los menores de edad puedan ser adoptados en un periodo máximo de dos meses, confirmó Manuel Hernández Rodríguez, titular de la Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes de Querétaro.
“El Código Penal para el Estado de Querétaro contempla una causal de pérdida de patria potestad y ese juicio tarda, aproximadamente, entre uno y dos años por el tema del emplazamiento que se les hace a los papás que han dejado en abandono a sus hijos, es decir, papás que no aparecen, abuelos que no están, tíos que nunca acudieron, padres que por un tema de adicción o drogas dejaron a sus hijos en el DIF, en una vía pública o en un hospital”.
Detalló que estos infantes son remitidos a la Procuraduría mientras la autoridad busca a los padres para iniciar un procedimiento que podría durar más de 120 días y si no aparecen, pero si en estos días no aparecen, se emitirá un certificado de abandono el cual suplirá la sentencia de pérdida de patria potestad únicamente con la causal de abandono.
“La causal de abandono tiene dos rutas; o juicio de pérdida o el certificado de abandono y exposición, eso significa que en vez de aplicar el Código Civil vamos a aplicar la Ley General de los Derechos de los Niños”.
Adelantó que aún están trabajando para que en la Ley Estatal de los Derechos de los Niños se especifique que los jueces familiares van a reconocer este certificado y prácticamente en 120 días el niño se podrá ir en adopción.
Recordó que, al año, la dependencia a su cargo conoce entre cinco a diez casos al año de menores en condición de exposición.
“La exposición es diferente al abandono; la exposición es el niño que dejan abandonado en vía pública, normalmente en una escuela, en una iglesia, en una colonia o en un baldío, se llama al 9-1-1 y cuando llegan los paramédicos, lo revisan y como no aparece nadie, no sabemos quiénes son sus padres, desconocemos la afiliación y el parentesco”.
Refirió que la Procuraduría registra al menor como un niño expuesto, prácticamente le ponen cualquier nombre en el libro de registro y en el apartado del nombre del padre, de la madre y de los abuelos se colocan líneas porque no se sabe quiénes son esos niños y posteriormente se pueden ir en adopción, prácticamente en dos meses.
“Esta medida busca que niñas y niños en situación de abandono puedan acceder a una familia en menor tiempo, fortaleciendo su derecho a crecer en un entorno seguro y estable”.
Hernández Rodríguez adelantó que en junio iniciará la nueva campaña de adopciones 2026 para niñas y niños mayores de 4 años, grupos de hermanos y menores con discapacidad con la intención de garantizarles un entorno familiar seguro y estable.
Detalló que durante dos jornadas en el Centro de Congresos se explicarán los requisitos legales y psicológicos del proceso, así como la importancia de la escuela para padres y el acompañamiento terapéutico en donde los solicitantes deben demostrar idoneidad emocional y habilidades de crianza positiva, ya que “los papás de adopción son de alto rendimiento”.
“Esta campaña de adopciones busca sensibilizar a la sociedad sobre una realidad en la que todos los niños tienen derecho a crecer en familia, y muchas veces la única razón por la que permanecen institucionalizados es la edad”.
Explicó que, antes de ser candidatos a la adopción, los menores atraviesan un proceso profundo de sanación emocional, física y psicológica en casas hogar y centros especializados.
“Así como los papás se preparan, también los niños necesitan sanar su corazón para estar listos, por lo que a ellos también se les elabora una ficha de adoptabilidad que determina si el menor puede integrarse a un núcleo familiar”.
Destacó que Querétaro registra un 98 por ciento de éxito en las adopciones, con alrededor de 28 a 30 casos efectivos al año, lo que refleja la integración adecuada de los niños en familias idóneas. Reconoció que aquellos que no logran superar secuelas de violencia severa o daños neurológicos permanecen bajo tutela estatal de por vida, atendidos en más de 22 instituciones que acompañan su desarrollo.
Actualmente, dijo, la Procuraduría cuenta con 120 niñas y niños con situación jurídica resuelta y listos para ser adoptados y aunque algunos solicitantes buscan bebés, la mayoría de los menores institucionalizados en el país tienen más de 5 años, por lo que la campaña insiste en abrir el corazón a quienes esperan una familia más allá de la edad.
Señaló que el DIF estatal cuenta con dos escuelas para padres que fortalecen la preparación y acompañamiento de las familias; la primera está enfocada exclusivamente en el proceso de adopción. En ella se comparten materiales como libros, podcasts e historias, además de conferencias impartidas por especialistas, entre otros.
“Cada generación de solicitantes recibe formación anual, con el objetivo de concluir su valoración e idoneidad y, en caso necesario, continuar con terapias de hasta nueve meses”.
Mientras que la segunda escuela, refirió, es de carácter general y aborda cuatro especialidades: separación, adicciones, violencia y abuso sexual, así como complejidad en las relaciones interpersonales.
Explicó que la legislación civil establece parámetros específicos para quienes desean iniciar un proceso de adopción. La edad mínima es de 25 años y la máxima de 60, aunque puede otorgarse dispensa en casos especiales. Además, la ley exige una diferencia de al menos 17 años entre el adoptante y el menor, con el fin de garantizar una relación adecuada.
“Lo fundamental es asegurar que las familias estén preparadas y que los niños encuentren un entorno seguro y estable”.
