Katia Lemus
El camino más viable para atender el debate sobre el uso de la pirotecnia en las fiestas tradicionales es la regulación y el diálogo, más que la prohibición, aseguró Daniela Salgado Márquez, titular de la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro.
“Siempre he pensado que la prohibición lleva a posturas extremistas. El tema de la regulación es el camino viable, acompañado del diálogo”.
Por ello, adelantó que se abrirán mesas de diálogo para analizar el uso de pirotecnia en las celebraciones tradicionales de la capital, en coordinación con la Legislatura local y la Secretaría de Participación Ciudadana.
“Siempre acato la ley y, si así lo dispone la legislatura, después de las mesas de diálogo también se pedirá a la secretaria Beti Marmolejo que se realice una consulta ciudadana. Lo que se acuerde con vecinos y ciudadanos será lo que se lleve a nivel de ley”.
Destacó que el análisis debe considerar todas las aristas: el bienestar de los animales, la seguridad de los ciudadanos, el cuidado del medio ambiente y, al mismo tiempo, el respeto a las tradiciones culturales. “Se trata de escuchar todas las posturas y que los diputados del estado puedan regular y llegar a buenas conclusiones”.
Reconoció que existen voces en contra de la pirotecnia, pero también muchas que la defienden por motivos culturales y de usos y costumbres. En ese sentido, subrayó que la decisión debe surgir de un proceso democrático. “México es democrático y quien tiene que decidir esto es la mayoría de la ciudadanía, basado en estudios y acuerdos. El diálogo siempre nos va a llevar a un buen resultado”.
Subrayó que el proceso busca escuchar todas las posturas y encontrar alternativas creativas que permitan mantener las tradiciones sin poner en riesgo la seguridad. “No estamos aferrados a ninguna idea. Al final se logrará un resultado escuchando a las y los ciudadanos, y yo estoy para acatar las reglas y las instrucciones que se definan”.
La funcionaria destacó que el tema de la pirotecnia será discutido ampliamente en las próximas semanas, con la participación de la ciudadanía y de las instituciones políticas, para llegar a acuerdos que reflejen el interés común.
