Katia Lemus
Mensualmente, la Dirección Estatal de Profesiones de Querétaro revisan cerca de 50 carpetas de investigación de casos de usurpación de profesiones, de los cuales se han detectado cinco falsos profesionistas en los últimos cuatro años, afirmó Arturo Vallejo Casanova, titular de la dependencia.
Refirió que también revisan denuncias contra profesionistas certificados que incumplieron con servicios contratados, como abogados, médicos, odontólogos y arquitectos.
“Muchos de ellos llegan a acuerdos reparatorios al saber que pueden perder su cédula profesional.
Invitamos a los profesionistas a colegiarse, pues los colegios son el primer filtro para identificar quiénes están realmente capacitados”.
Detalló que, como parte de la estrategia de regulación, la dependencia ha impulsado la creación y reactivación de colegios y asociaciones pues al inicio de la administración se contaba con 30 colegios, cifra que ha crecido a 90 en la actualidad.
“Estos colegios coadyuvan en la investigación con las autoridades. Cuando tenemos dudas sobre la trayectoria de un médico o un abogado, ellos son nuestra fuente de consulta. Esto ha permitido reducir el número de denuncias por mala praxis y usurpación en el estado”.
Recordó que la cédula profesional no es solo un requisito académico, sino una garantía de responsabilidad social, asegurando que quien contrata un servicio en Querétaro tenga la certeza de que el profesionista cuenta con las aptitudes y capacidades necesarias para ofrecer un servicio eficiente.
Además, Vallejo Casanova reconoció que la dependencia a su cargo ha consolidado su sistema de acreditación local, logrando la emisión de 8 mil cédulas profesionales en los últimos cuatro años, con un promedio anual de 2 mil documentos que avalan desde niveles técnicos hasta doctorados.
Destacó que el sistema estatal ha ganado terreno frente a la cédula federal, gracias a tres ventajas competitivas: la entrega de un formato electrónico, un costo significativamente menor, aproximadamente 700 pesos para licenciatura, tres veces más económico que el trámite federal, y un tiempo de respuesta ágil de 20 días hábiles.
“Lo más difícil fue sensibilizar sobre la validez y las circunstancias jurídicas de nuestra cédula, que son equivalentes a la federal. Somos facilitadores en un trámite que antes era tortuoso; hoy el usuario no necesita asistir a oficinas, todo se gestiona mediante un sistema digital”.
Más allá de la expedición de documentos, la Dirección Estatal de Profesiones mantiene una estrecha colaboración con la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia para combatir el ejercicio ilegal de las profesiones.
