Tras darse a conocer el derribo parcial e intervención de la obra de estructura vehicular de la comunidad de Palmillas, inaugurada apenas en julio de 2025 con una inversión cercana a los 55 millones de pesos, Guillermo Vega Guerrero, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso Local, exigió una explicación a fondo a las autoridades federales por lo que calificó como una deficiente planeación de los recursos públicos.
Esto, luego de que la demolición de parte de esta infraestructura, ubicada a la altura del kilómetro 153 de la Carretera Federal 57 con dirección a la Ciudad de México, desató el reclamo político debido a que la estructura apenas cumplió poco más de un año de servicio antes de ser retirada para dar paso a las obras de ampliación vial en la zona.
El caso ha encendido las alertas sobre la coordinación y los diagnósticos técnicos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y las instancias encargadas de las obras en la arteria más transitada del país.
Ante el argumento oficial de que los trabajos responden a adecuaciones técnicas necesarias para la ampliación de carriles en el tramo, que contempla renivelaciones y adecuaciones geométricas de hasta 40 centímetros para pasar de tres a cinco carriles en la autopista, Vega Guerrero reprochó que no se haya previsto esta proyección urbana desde la concepción del proyecto original.
“¿Cómo es posible que un puente de 55 millones de pesos dure apenas un año y se tenga que demoler? (…) ¿Por qué no se contempló que el puente no fuera afectado por la ampliación de la carretera? ¿Quién planeó la obra? ¿Cuánto costarán estas modificaciones?”.
Recordó que el derribo del puente de Palmillas se suma a un escenario de tensión constante en torno a los tramos carreteros federales en territorio queretano, marcados por afectaciones severas a la movilidad cotidiana de los sanjuanenses, los constantes bloqueos, el colapso del tráfico de transporte pesado y los múltiples retrasos en las obras de modernización de la México-Querétaro.
Refirió que las explicaciones técnicas ofrecidas hasta el momento por las instancias federales resultan insuficientes frente al impacto económico y social que representa desperdiciar infraestructura de reciente creación.
“Porque el dinero público no es de los gobiernos, es de las y los mexicanos. La ciudadanía merece obras bien planeadas, transparencia y respuestas claras”.
Advirtió que desde el Poder Legislativo se mantendrá la exigencia de fiscalización y rendición de cuentas sobre el costo real que implicarán las correcciones y los trabajos subsecuentes en la zona.
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