Katia Lemus
Para garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales a sectores de la población que enfrentan restricciones de movilidad, la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Querétaro afina los mecanismos de operación para implementar el voto anticipado, el sufragio de personas en prisión preventiva al interior de los centros de reinserción social y la participación desde el extranjero adelantó María Luisa Flores Huerta, vocal Ejecutiva del INE.
Detalló que estos esquemas han experimentado un dinamismo importante, especialmente bajo los criterios del artículo 141, el cual permite acercar los módulos de atención directamente a los domicilios de ciudadanos que se encuentran imposibilitados físicamente para acudir a las urnas debido a condiciones de salud.
Respecto a los plazos y la logística de estas modalidades, explicó que el INE ya recibió las directrices centrales para coordinar la implementación del voto anticipado y el modelo correspondiente a las personas en prisión preventiva, enfocado en quienes mantienen sus derechos vigentes al no contar con una sentencia condenatoria firme, cuya operación se articula mediante convenios específicos vinculados a los procesos locales y federales.
“Recordemos que ha ido creciendo lo que nosotros tomamos de base (…) es un trámite que hacemos en razón de aquellas personas que no pueden acudir a nuestros módulos y entonces lo que hacemos es acercarles el módulo precisamente porque tienen una condición médica que lo impide”.
Detalló que, si bien las fechas definitivas para el despliegue operativo en campo aún se encuentran sujetas a la validación de los calendarios normativos que emiten las oficinas centrales del instituto, adelantó que las etapas de acercamiento y levantamiento de solicitudes previas se proyectan de manera formal de cara al primer trimestre del año, estimando que la recolección de los sufragios anticipados en domicilios se concrete tentativamente durante el mes de mayo.
Aclaró que la planeación de estas modalidades inclusivas se sustenta en una estrategia nacional coordinada desde las oficinas centrales del INE, lo que garantiza que los recursos técnicos, materiales y humanos requeridos para atender tanto a los votantes en postración como a la población penitenciaria y a la diáspora en el extranjero operen bajo estándares homologados de certeza y transparencia institucional.
“Con estas acciones buscamos consolidar un modelo de comicios altamente participativo donde ninguna limitante física, de reclusión o territorial sea impedimento para sufragar en los procesos democráticos en puerta”.
