Luis Gerardo Ángeles HerreraFoto: Fernando Trejo

Katia Lemus

Ante el calentamiento del escenario político y la antesala del proceso electoral de 2027, el diputado local Luis Gerardo Ángeles Herrera señaló que la presentación recurrente de denuncias por el uso de recursos públicos no debe verse como un mero instrumento de confrontación, sino como una obligación ciudadana e institucional que “nos alcanza a todos” y que elevará la vara de exigencia en la contienda.

Cuestionado sobre si el marco legal actual y las instituciones se quedan cortos frente a la velocidad de las campañas, el legislador reconoció que existe una deuda en la eficiencia del sistema de impartición de justicia.

“Todos quisiéramos que el andamiaje jurídico y las instituciones que se dedican a juzgar fueran más eficientes (…) La realidad es que ya no solo es materia de nuestra cancha legislativa, es todo un tema de presupuesto, de burocracia, de prelación de jueces, etcétera. Entonces, eso es un tema mucho más complejo”.

Sin embargo, enfatizó que la exigencia de fiscalización y el escrutinio público permanente, potenciado hoy en día por el uso masivo de teléfonos inteligentes y la inmediatez digital donde “todo se graba”, impiden que se caiga en una dinámica de complicidad o impunidad por omisión.

“Si seguimos poniendo el dedo en el renglón en el manejo más escrupuloso de los recursos públicos, tiene que beneficiarse la contienda en 2027. Cuando todos estemos al filo de estar observados y cualquier conducta se denuncie, estamos mejor que antes, porque lo otro es el pacto de silencio”.

Recordó que las reglas del juego electoral actual, plasmadas en la legislación local, fueron construidas y consensuadas de la mano con las distintas fuerzas políticas y los propios órganos electorales.

Insistió en que el reto actual no radica necesariamente en saturar con nuevas reformas en caliente, sino en exigir que las leyes aprobadas se apliquen con rigor.

No obstante, ante los cuestionamientos sobre la percepción de parcialidad o el peso de las decisiones que emiten los tribunales locales, el diputado blanquiazul apuntó que, si bien respeta a los órganos jurisdiccionales, el camino institucional siempre contempla la apertura de recurrir a instancias federales cuando existen dudas sobre la imparcialidad de los fallos.

Con estas declaraciones, el debate sobre la fiscalización anticipada, el blindaje de los recursos públicos y la rendición de cuentas se intensifica en el Congreso de Querétaro, marcando el pulso de lo que será una de las temporadas políticas más competidas en la historia reciente del estado.

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