Katia Lemus

En el marco de las movilizaciones y actividades rumbo al 25 de noviembre (25N), Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Mayra Alejandra Dávila Alvarado, fundadora y representante legal del colectivo Adax Digitales, encabezó una concentración en el espacio público de la capital queretana para visibilizar a mujeres víctimas de violencia, agresores sexuales y deudores alimentarios, al tiempo que advirtió que Querétaro permanece dentro de los primeros lugares nacionales en violencia digital y delitos sexuales.

“Las mujeres en el estado enfrentan distintas modalidades de violencia y un acceso limitado a la justicia por parte de las instancias encargadas de atenderlas y reparar el daño, como se ha documentado en diversos pronunciamientos y coberturas de prensa local”.

Afirmó que Querétaro se mantiene dentro del top 10 a nivel nacional con más niñas y mujeres afectadas por agresiones digitales, ámbito en el que ha impulsado la Ley Olimpia en el estado tras vivir en 2013 la difusión no consentida de una fotografía íntima y conocer a Olimpia en 2015.

Señaló que en materia de violencia sexual la entidad se ubica en el sexto lugar a nivel nacional, recordando un informe de la Fiscalía con un aproximado de 2 mil violaciones durante el año previo.

Asimismo, alertó sobre los índices de lesiones dolosas, a las que consideró un antecedente inmediato del feminicidio, y el abuso sexual infantil, con mayoría de niñas afectadas.

Estimó que por cada 10 mujeres que denuncian, al menos el doble no lo hace ante el temor a la revictimización, a enfrentar al agresor o a procesos largos y pensiones alimentarias insuficientes.

Relató el caso de una mujer que se acercó antes de la movilización con un problema de violencia económica y una menor a su cargo, aún evaluando iniciar un proceso el próximo año, y destacó el uso del violentómetro y de campañas preventivas para identificar señales de agresión.

Dávila Alvarado criticó el desempeño de instancias públicas ante los casos de las víctimas y la aplicación de la ley en Querétaro.

Expuso que existen dos resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado en las que, en el caso de Esmeralda, se determinó que no hubo violación a derechos humanos por parte de la Comisión de Víctimas, pese a que la violación se persigue de oficio y no depende de un desistimiento, lo que obliga a impugnar resoluciones para avanzar en el acceso a la justicia.

Señaló deficiencias en la representación jurídica de las mujeres y cuestionó el funcionamiento del Banco Estatal de Víctimas cuando los agresores se declaran insolventes o mueren aun con sentencia, dejando sin reparación efectiva a las víctimas.

Sostuvo que existen legislaciones locales obsoletas, incluidas las relacionadas con pensiones dignas y derechos integrales, lo que, junto con carencias presupuestales y procesos deficientes, genera un círculo de desprotección.

Detalló que la jornada forma parte de una agenda por el 25N que aún contempla conferencias pendientes, una colecta y entrega de productos de gestión menstrual en la Sierra, tras actividades de recaudación como desayunos a beneficio, y talleres de autodefensa dirigidos a mujeres de 18 a 35 años, incluido uno en Tequisquiapan con cupo máximo de 30 participantes.

Indicó que las capacitaciones en defensa propia responden a la desconfianza hacia las respuestas institucionales y a las estadísticas de violencia, con el propósito de que las mujeres cuenten con herramientas para resguardar su integridad.

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