Katia Lemus
Después de un año de estiras y aflojas, finalmente los legisladores que integran la 61 Legislatura Local aprobaron con 19 votos a favor, cinco en contra y una abstención, la reforma al Poder Judicial para el Estado de Querétaro.
Guillermo Vega Guerrero, coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), subrayó que la reforma judicial que se vota en el Congreso local es resultado del consenso de todas las fuerzas políticas, tras mesas técnicas en las que participaron especialistas y representantes del Poder Judicial.
Recordó que Acción Nacional se opuso desde el inicio a la propuesta federal impulsada por el anterior presidente de México, pero enfatizó que en Querétaro se buscó construir la mejor versión posible de la reforma, atendiendo las disposiciones nacionales y adaptándolas al ámbito estatal.
Destacó algunos puntos del dictamen como la elección popular de jueces y magistrados mediante voto ciudadano; la sustitución del Consejo de la Judicatura por dos órganos: uno de administración judicial y otro de disciplina judicial y la separación de funciones administrativas y jurisdiccionales para evitar concentración de poder.
Durante la discusión, la diputada Claudia Díaz Gayou, coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), aseguró que la reforma Judicial es una reforma “panista” pintada de transformación.
Denunció que la reforma constitucional del estado se construyó para “cerrar” el Poder Judicial con candidatos para que sean privilegiados los mismos de siempre.
Durante su intervención en tribuna, la legisladora cuestionó que el documento se presente como parte de la transformación nacional, cuando responde ni a las iniciativas de la cuarta transformación, ni al mandato del pueblo, ni al proyecto encabezado por la presidencia de la República. “Es un dictamen panista pintado de reforma, pero construido con las mismas prácticas de siempre”.
Advirtió que la propuesta contiene vacíos y ambigüedades que trasladan aspectos fundamentales a leyes secundarias, lo que permitiría modificar reglas con menor consenso. Además, criticó la intervención de la escuela judicial en la evaluación de perfiles, al considerar que se trata de una facultad inconstitucional que favorece a grupos privilegiados.
Andrea Tovar Saavedra, diputada local de Morena, exhortó a sus compañeras y compañeros legisladores a actuar con responsabilidad y consideró que frenar la discusión en lo general significaría incumplir con los compromisos asumidos en campaña y con el movimiento de la Cuarta Transformación.
Señaló que las reservas son el espacio adecuado para debatir y ajustar de fondo los aspectos que requieran modificaciones, mientras que bloquear la reforma en lo general sería únicamente un posicionamiento político.
“Si no avanzamos con la reforma en lo general, nos quedamos sin materia legislativa. Pretender frenar ahora la reforma es solamente bloquearla sistemáticamente y sería incumplir con la responsabilidad que tenemos con el pueblo de Querétaro, de que jueces y magistrados sean electos por voto popular”.
Perla Flores Suárez, diputada local por el Partido Verde Ecologista de México, afirmó que la reforma al Poder Judicial que se vota en el Congreso de Querétaro forma parte de un proceso nacional de transformación que busca garantizar que la justicia deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho accesible para todas y todos.
Explicó que su grupo parlamentario acompaña la iniciativa porque comparte el objetivo de construir un sistema judicial más cercano a la ciudadanía, transparente y confiable.
Reconoció que la propuesta incorpora elementos fundamentales planteados a nivel federal, como la elección popular de jueces y magistrados y la reconfiguración de los órganos internos del Poder Judicial, cambios que responden a una exigencia social legítima de rendición de cuentas.
“Hubiera sido deseable avanzar con mayor celeridad hacia la elección de las personas juzgadoras en congruencia con el espíritu de la transformación nacional, pero entendemos que los procesos locales tienen sus propios tiempos y condiciones”.
Eric Silva Hernández, diputado local, cuestionó el dictamen de reforma judicial que se discute en el Congreso de Querétaro, al señalar que fue elaborado “a puerta cerrada” y con errores graves de inconstitucionalidad.
Advirtió que la eliminación de la comisión de escalamiento en el tribunal de disciplina representa un retroceso, pues se trata de una pieza clave para garantizar una transición ordenada y funcional. “Eliminarla demuestra que no se busca transformar el sistema, sino cumplir en apariencia sin tocar el fondo”.
Silva sostuvo que votar a favor del dictamen tal como está significa respaldar a la clase política y judicial que la ciudadanía ya rechazó por lo que anunció que presentó reservas a los artículos 30, 28 y al cuarto transitorio, con el objetivo de garantizar que el proceso no sea una simulación y que se abra la puerta a profesionales del derecho que han sido marginados por las cúpulas de poder.
La diputada local Juliana Hernández destacó que la votación de la reforma judicial en el Congreso de Querétaro es reflejo de la democracia y el consenso alcanzado tras meses de discusión, aunque subrayó que persisten diferencias de fondo.
Señaló que no comparte la idea de llevar la función jurisdiccional a una lógica de competencia electoral. “Juzgar no es hacer campaña, no debe convertirse en propaganda ni la justicia en una contienda de popularidad”.
Advirtió que el lenguaje de austeridad e igualdad con el que se promovió la reforma puede esconder un intento de subordinar la independencia judicial al poder oficialista. En ese sentido, reconoció que el Congreso local no fue un mero replicador de decisiones federales, sino que analizó y corrigió aspectos para adaptarlos a las necesidades del estado, privilegiando la eficiencia y el profesionalismo.
El diputado local Homero Barrera MacDonald destacó la trascendencia de la reforma judicial aprobada en el Congreso de Querétaro, calificándola como un hecho histórico comparable con el bicentenario del Poder Judicial celebrado recientemente en el estado.
Durante su intervención, agradeció la voluntad política de las distintas fuerzas parlamentarias y el trabajo técnico de especialistas, abogadas y abogados, así como la colaboración del Poder Judicial local y de la consejería jurídica del Gobierno Federal, encabezada por Estela Damián Peralta.
“Sus observaciones y acompañamiento permitieron salvaguardar la esencia de la reforma federal y consolidar una propuesta sólida”.
Subrayó que la reforma representa un paso hacia la democratización del Poder Judicial, pues a partir de 2027 los jueces y magistrados serán electos mediante voto popular, directo y secreto. Entre los puntos centrales del dictamen mencionó.
Edgar Inzunza Ballesteros, coordinador del Grupo Legislativo de Morena, afirmó que el dictamen de reforma judicial aprobado en el Congreso local es resultado de un proceso serio, responsable y constante, construido a través de mesas de diálogo y con la participación de todas las fuerzas políticas y del propio Poder Judicial.
El legislador subrayó que la iniciativa preserva el espíritu de la reforma federal al Poder Judicial, en cumplimiento del artículo 116 de la Constitución. “Hemos sido cuidadosos de no incorporar disposiciones que contravengan al texto constitucional, porque la supremacía de la Constitución no admite excepciones”.
Destacó que el dictamen garantiza que las y los ciudadanos participen en la elección de jueces y magistrados, lo que representa una de las transformaciones más importantes de la vida pública nacional.
Reconoció que el trabajo legislativo no concluye con la aprobación de la reforma, pues será necesario construir las leyes secundarias para asegurar que el espíritu de la iniciativa se mantenga en su implementación.
