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Comunidad de San Francisquito denuncia violaciones a derechos indígenas

Katia Lemus

Tras el anuncio de intervención de obras municipales en el barrio de San Francisquito hecho por el alcalde de Querétaro, Felifer Macías Olvera, la Confederación del Barrio de San Francisquito denunció públicamente presuntas violaciones sistemáticas a los derechos de los pueblos indígenas, al imponer proyectos de obra pública sin consulta previa a la comunidad.

Decae, una de las integrantes de esta Confederación denunció que desde 2025 las autoridades municipales han impulsado obras con fines de turistificación, lo que podría derivar en el desplazamiento de los residentes originales del barrio histórico.

“Entre los proyectos cuestionados se encuentra la adecuación geométrica en la intersección de avenida Zaragoza con avenida Luis Pasteur, que busca cerrar la salida vial hacia Zaragoza poniente para construir una plaza peatonal”.
Recordó que la obra fue incluida en el Plan de Obra Anual 2025 pese a haber recibido una mínima votación en la aplicación Decide Querétaro.

Detalló que el 27 de noviembre de 2025, funcionarios municipales presentaron a la Confederación Indígena del Barrio un preproyecto de regeneración urbana, que contempla el embellecimiento de la vialidad principal 21 de marzo; remodelación de canchas y áreas recreativas; instalación de techumbre y espacios para mascotas; y retiro de la tradicional pila de los Dolores, protegida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

“Estas modificaciones ignoran el valor patrimonial del barrio, declarado en 1996 por la UNESCO como parte del catálogo nacional de monumentos históricos”.

Señaló que las obras serían financiadas con recursos del FISPAM (Fondo de Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afroamericanos), lo que consideran una contradicción, pues el proyecto no respeta la historia ni la identidad indígena del barrio”.


Detalló que los integrantes de la Confederación del Barrio de San Francisquito continuarán defendiendo sus derechos y bienes patrimoniales frente a proyectos que califican como gentrificadores y ajenos a la comunidad, reiterando que las decisiones sobre el territorio deben ser tomadas con consulta previa y respeto a la identidad cultural.

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