Gisela Sánchez Díaz, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Querétaro, defendió a perfiles señalados en investigaciones estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado.
En medio de la creciente presión internacional por la infiltración del narcotráfico en la política mexicana, la dirigente morenista comparó los casos actuales con el del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, detenido en 2020 en Estados Unidos y posteriormente liberado.
“Sucedió con el general Cienfuegos. También fue acusado de lo mismo, pero no aportaron ninguna prueba”, dijo.
La postura de Sánchez Díaz se da mientras autoridades estadounidenses endurecen su discurso contra las redes criminales y sus posibles vínculos políticos, generando tensiones diplomáticas y presión sobre distintos niveles de gobierno en México.
Más allá de pedir investigaciones, la dirigente estatal expresó el respaldo político de Morena a la presidenta Claudia Sheinbaum, sugiriendo que las acusaciones son una distracción frente a otros temas nacionales.
Esta declaración refleja la estrategia de Morena de cerrar filas ante cuestionamientos externos, incluso cuando provienen del Departamento de Justicia estadounidense o de agencias federales que han documentado operaciones binacionales contra cárteles mexicanos.
Cuestionada sobre si otros gobernadores o funcionarios deberían comparecer ante instancias legislativas o judiciales, Sánchez Díaz respondió que sólo si existen elementos sólidos.
“Si tienen pruebas, claro… en el caso de este señor no hay pruebas, ¿o qué pruebas están dando?”, cuestionó.
Sin embargo, esta postura también revela una contradicción recurrente en el discurso político nacional: se desacreditan investigaciones internacionales cuando involucran a aliados o actores cercanos, pero se validan cuando afectan a adversarios.
Aunque el tema tiene dimensión nacional, también impacta en Querétaro, donde Morena intenta posicionarse como alternativa de gobierno mientras su dirigencia local adopta una narrativa defensiva frente a acusaciones de alto calibre.
En momentos donde la seguridad pública y la penetración criminal son de las principales preocupaciones ciudadanas, las declaraciones de la dirigencia estatal abren el debate sobre si exigir pruebas basta, o si también se requiere autocrítica, transparencia y deslinde político inmediato ante cualquier sospecha seria.
