Katia Lemus
Ante las versiones periodísticas y trascendidos que señalan la supuesta revocación de la visa de Estados Unidos a funcionarios locales, entre ellos el exsecretario de Desarrollo Sostenible municipal, Alejandro Sterling, y el diputado local electo Mauricio Cárdenas, el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado de Querétaro, Guillermo Vega Guerrero, llamó a la congruencia y a evitar señalamientos sin pruebas concluyentes.
Confirmó que sostuvo comunicación con Mauricio Cárdenas tanto el pasado viernes como este lunes, asegurando que el legislador se encuentra tranquilo, en funciones dentro de sus responsabilidades parlamentarias y sin haber recibido notificación oficial de alguna autoridad que modifique sus derechos o estatus legal.
Subrayó la importancia de que los señalados emitan posicionamientos directos para brindar transparencia a la ciudadanía, dada la naturaleza de su función pública.
Describió a Mauricio Cárdenas como un hombre honesto y descartó que exista alguna irregularidad en su actuar. Sugirió que sea el propio legislador quien aclare la situación públicamente.
Reconoció que los señalamientos de la Secretaría de Estado del gobierno estadounidense forman parte del escrutinio actual hacia figuras públicas, por lo que es legítimo el cuestionamiento de la prensa y la sociedad.
Manifestó que la postura de su partido es respaldar cualquier investigación cuando existan indicios concretos, pero solicitó no caer en descalificaciones ni juicios sumarios previos a una resolución formal.
Cuestionado sobre publicaciones que relacionan a Alejandro Sterling y a una lista de panistas queretanos con supuestas redes empresariales en Tabasco, Vega Guerrero insistió en aplicar el mismo criterio analítico que se exige a nivel federal ante casos mediáticos como el de Andrés “Andy” Manuel López Beltrán.
“No debemos caer en juicios anticipados. La autoridad competente es la que debe aportar información fidedigna y no debemos acusar hasta que no exista una comprobación real de alguna ilegalidad”.
Concluyó que se debe proteger la integridad de las personas y sus familias mientras las instituciones correspondientes realizan sus indagatorias.
