Las tres iniciativas de ley que obran en el Congreso Local sobre la Reforma Judicial se enviarán a los 18 municipios para que realicen las observaciones que consideren pertinentes para volver a sesionar dentro de las Comisiones Unidad de Procuración de Justicia y Puntos Constitucionales entre el 5 y 10 de septiembre, afirmó Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Garantizó el respeto a la autonomía municipal mediante el envío de las iniciativas a los 18 ayuntamientos del estado.
Señaló que, aunque la participación edilicia es muy deseable para enriquecer el análisis, no resulta de carácter obligatorio para avanzar con el proceso formal legislativo.
Enfatizó que la exigencia constitucional de mayoría calificada para su aprobación asegura que el pre-dictamen final surja estrictamente del diálogo, por lo que descartó cualquier tipo de “sorpresas” de último momento.
Indicó que entre los ejes centrales del acuerdo multipartidista contempla tres consensos clave alcanzados por los partidos políticos en torno al proyecto; la votación popular de jueces y magistrados se calendariza formalmente para el año 2028; se elimina como requisito obligatorio la experiencia dentro del Poder Judicial. Cualquier abogada o abogado independiente que acredite los requisitos de ley podrá registrarse como aspirante y a diferencia de las versiones iniciales de la norma, la reforma contempla a la Escuela Judicial como el ente certificador.
“Se aplicarán exámenes técnicos obligatorios para verificar la capacidad real de los postulantes, ya que contar únicamente con la cédula o título en Derecho no será suficiente para acceder a las listas de candidatos y se prevé que las distintas comisiones involucradas consoliden los consensos finales en las próximas semanas para someter el dictamen definitivo a votación del pleno durante el mes de septiembre”.
Detalló que, dado que el proceso formal de inscripción de aspirantes deberá arrancar entre marzo y abril del próximo año, resulta prioritario concretar el marco normativo local con la urgencia que requiere el calendario legislativo.
Reconoció que aún existen temas pendientes de discusión en la mesa de negociación, tales como la conformación de los comités de evaluación por cada poder y el diseño procedimental del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) para incentivar una votación informada y ciudadana.
Ante las críticas de sectores de la oposición sobre la suplencia de vacantes en el Poder Judicial, Vega Guerrero aclaró que se buscará normar esquemas temporales de prevención “bomberazos” para evitar la parálisis institucional.
Argumentó que faltas definitivas por fallecimiento, enfermedad o jubilación, como el caso reciente de una magistratura cuyo retiro dejó más de 200 expedientes detenidos, exigen brindar al Poder Judicial facultades de cobertura inmediata mientras se realiza el siguiente proceso electivo de 2028.El dictamen definitivo para su votación en el pleno requerirá la aprobación por mayoría calificada.
“Seguimos trabajando en normar procedimientos temporales de contingencia para evitar la parálisis de juzgados y magistraturas en caso de ausencias definitivas antes de la primera elección popular programada para 2028”.
Enfatizó que estas sustituciones emergentes responden a supuestos extraordinarios y no a la regla general, con el objetivo de no desatender la impartición de justicia ni dejar expedientes acumulados.
“Ninguna suplencia designada de forma emergente podrá rebasar el siguiente periodo electivo (previsto para 2028 o 2031) y se busca redactar especificaciones técnicas precisas para evitar interpretaciones ambiguas o vacíos legales que deriven en abusos de poder”.
Reconoció que, salvo estas excepciones mínimas de urgencia institucional, ningún juez o magistrado asumirá la titularidad permanente de un encargo sin haber sido electo mediante voto popular.
