Katia Lemus
Tras el hallazgo de tres niños que se encontraban con su madre dentro de una cueva en la Sierra Gorda y la posterior vinculación a proceso de la progenitora, dos abogados y una regidora, el Colectivo Adax Digitales alzó la voz para alertar que este acontecimiento es el síntoma de un problema estructural de fondo que pone en evidencia la severa precariedad, corrupción e insensibilidad institucional del de justicia en los municipios serranos, afirmó Mayra Dávila Alvarado, fundadora del colectivo.
Adelantó que sostendrá reuniones con las familias involucradas y solicitó el expediente formal para analizar el actuar de las autoridades. No obstante, cuestionó con dureza las resoluciones iniciales que desencadenaron la fuga de los menores.
Respecto al origen del conflicto, Dávila Alvarado explicó que una jueza o juez en materia familiar decretó el cambio de guarda y custodia a favor de la abuela paterna, bajo señalamientos de supuesta violencia ejercida por la madre y el padrastro.
Sin embargo, la activista enfatizó que este tipo de resoluciones suelen tomarse a la ligera y sin un sustento técnico real: Se determinó separar a los niños sin contar previamente con un informe de trabajo social ni peritajes psicológicos exhaustivos que acreditaran objetivamente el grado de riesgo o maltrato.
Insensibilidad institucional.
Calificó de “violencia institucional” que se retiren custodias de forma autómata por señalamientos menores, ignorando el contexto socioafectivo.
Destacó que el hijo mayor tiene 12 años, edad en la que puede manifestar su voluntad; si los menores huyeron con su madre a pesar de las condiciones adversas, refirió, responde a una causa de fondo sobre dónde se sentían realmente seguros.
Señaló que el progenitor reside en Estados Unidos y no regresó a litigar la custodia por cuenta propia, dejándolo en manos de la abuela.
Adax Digitales consideró un acierto que a la madre se le permita enfrentar su proceso penal en libertad, al tiempo de urgir a revisar la legalidad del procedimiento familiar original.
Redes de complicidad en el proceso penal
Sobre las derivaciones penales que derivaron en la vinculación a proceso de la madre, sus litigantes y la hermana del exalcalde de Jalpan de Serra (actual regidora detenida tras un cateo), Mayra Dávila aseveró que el caso exhibe cómo se litiga en la región.
Aseguró que existe un “contubernio” sistemático entre juzgados, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Policía de Investigación del Delito (PID) y abogados particulares, obligando a abrir una investigación profunda que no se limite a los profesionistas hoy imputados, sino que abarque a todo el personal judicial e investigador involucrado.
A raíz de este caso, el Colectivo Adax Digitales urgió a entablar un debate integral sobre las condiciones bajo las que opera la impartición de justicia en la Sierra Gorda queretana, catalogándola operativamente como “justicia de segunda”.
Fiscales “castigados” o inexpertos:
La organización denunció la práctica recurrente de enviar a la zona serrana a personal ministerial sancionado, con antecedentes de corrupción o a agentes recién egresados sin experiencia procesal. Se citó el caso de audiencias intermedias por delitos graves (como violencia de género o violación) encabezadas por fiscales de apenas 22 años en su primera intervención oral, desconociendo el desahogo de pruebas periciales y obligando a las víctimas a guiarlos.
Rotación constante y retraso de carpetas: Las víctimas deben desplazarse hasta cuatro horas desde sus comunidades para dar seguimiento a sus casos, solo para enterarse de que el fiscal asignado fue cambiado nuevamente, obligando a reiniciar el estudio de las investigaciones.
Aseguró que se sabe que facilitadores presionan a mujeres y víctimas de violencia para firmar acuerdos en mecanismos alternos bajo la falsa premisa de que es la única vía para concluir sus carpetas, cerrando investigaciones sin reparar el daño; inexistencia de cámaras para registros de audiencias y fallas graves en la cadena de custodia de evidencia digital por parte de los peritos y presencia sostenida de negociaciones económicas informales dentro de las agencias y falta de transparencia sobre la restitución de elementos de la PID que previamente habían sido separados de sus cargos por actos ilícitos.
