Representantes sociales, legisladores y habitantes de municipios como Tequisquiapan, Colón, Ezequiel Montes, Tolimán,Peñamiller y Pedro Escobedo denunciaron una creciente red de abusos, fraudes y extorsiones operada por al menos 50 falsas financieras y prestamistas irregulares que afectan principalmente a mujeres en situación de vulnerabilidad.
Durante una conferencia de prensa en la que se presentaron testimonios de afectadas de la comunidad de San José de La Laja, en Tequisquiapan, se expuso que estas empresas operan bajo esquemas de usura comúnmente conocidos como “montadeudas”.
Los implicados otorgan créditos menores —de entre 1,500 y 20,000 pesos— con la exigencia de firmar pagarés en blanco y contratos con cláusulas opacas, los cuales posteriormente son inflados de manera desproporcionada hasta alcanzar adeudos superiores a los 65,000 pesos.
“De 20,000 pesos se convirtieron hasta 65,000 pesos […] yo sé que lo debo, pero lo justo”, relató Guadalupe González González, vecina de San José de La Laja, quien además denunció haber sido víctima de amenazas e intimidaciones en redes sociales por alzar la voz.
Por su parte, Alicia Reséndiz González, otra de las afectadas, señaló que los cobradores y despachos jurídicos coludidos recurren a prácticas de hostigamiento domiciliario, retención de bienes de primera necesidad y amenazas de embargo exprés sin que exista una debida notificación o apego a la legalidad procesal.
A pesar de que muchas de estas financieras operan sin registro ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) o la Secretaría de Hacienda, utilizan los tribunales para presionar a las familias.
Ante esta problemática, se informó sobre el despliegue de operativos de acompañamiento legal mediante programas de apoyo como la red “Colibrí”, registrando decenas de denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado.
Tan solo en demarcaciones como Colón y Pedro Escobedo se han documentado intervenciones en decenas de casos relacionados con cobros ilegítimos, usurpación de funciones y violencia de género derivada de las presiones de cobranza.
Los organizadores hicieron un llamado urgente a las autoridades del Poder Judicial y de la Fiscalía de Querétaro para revisar el actuar de los juzgados en los procesos mercantiles, frenar el uso indebido de pagarés en blanco e investigar a los verdaderos financiadores detrás de estas empresas fantasma que lucran con la necesidad de las comunidades rurales del estado.
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