Katia Lemus
Adriana Meza Argaluza, presidenta de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, puso sobre la mesa la iniciativa para garantizar la paridad de género en los puestos de titularidad y dirección administrativa del Poder Legislativo.
Respaldada por un análisis del área de investigación del propio Congreso, que abarca desde la LVII hasta la actual LXI Legislatura (un periodo de aproximadamente 15 años), Meza Argaluza advirtió una profunda disparidad en el acceso a los cargos de mandos medios y superiores.
“Los datos revelados por la legisladora son contundentes: en las últimas cinco legislaturas, apenas el 10 por ciento de los puestos titulares en las seis principales áreas administrativas han sido ocupados por mujeres (equivalente a solo tres nombramientos)”.
Detalló que lo anterior contrasta con la realidad operativa interna del Poder Legislativo, donde las mujeres representan actualmente el 49.1 por ciento del personal total, además de contar con una conformación paritaria en el Pleno (13 diputadas y 12 diputados).
Por ello, dijo, presentó formalmente ante Oficialía de Partes una iniciativa para modificar el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, con el objetivo de asegurar que la designación de futuros titulares administrativos contemple la alternancia y la participación equilibrada entre géneros.
La propuesta aclara que los nombramientos en activo serán respetados, aplicando la nueva disposición de manera gradual conforme concluyan los periodos o se realicen nuevas designaciones.
“La igualdad no debe quedarse únicamente en las leyes, sino reflejarse en oportunidades reales para que más mujeres puedan ocupar cargos de responsabilidad y participar en las decisiones de las instituciones públicas”.
Cuestionada sobre la movilización convocada por la Cámara Nacional del Autotransporte de Canacar con concentraciones estratégicas en puntos como el Parador de San Javier ante la creciente inseguridad, asaltos y extorsiones en tramos como la Carretera 57, Meza Argaluza reconoció la legitimidad del descontento gremial, pero hizo un llamado a ponderar los afectos a la ciudadanía.
“Entiendo su molestia y tienen todo el derecho de manifestarse, pero pues también creo que deben de pensar en la demás ciudadanía, ¿no? A cuántas personas afecta. Entonces yo los invito al diálogo, a que con las autoridades correspondientes busquen el acercamiento para que los afectados sean los menos posibles”.
Ante el argumento de los transportistas de que las vías del diálogo local se habían agotado para obligar a una respuesta gubernamental, Meza Argaluza puntualizó que, al tratarse de una problemática de índole nacional vinculada a la seguridad carretera y la procuración de justicia federal, las mesas de negociación y solución definitiva deben encauzarse directamente a ese nivel de Gobierno.
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