Ante los hechos ocurridos en la zona serrana, donde estudiantes de la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), campus Jalpan, denunciaron a un profesor por presunto abuso sexual, la representante de la colectiva feminista ADAX Digitales, Mayra Dávila Alvarado, exigió que el caso sea conducido con debida diligencia y transparencia institucional.
Dávila Alvarado reconoció la destitución del docente señalado de su cargo; sin embargo, subrayó que las acciones de la máxima casa de estudios no deben limitarse a la rescisión laboral.
“El maestro ya fue destituido de su cargo, pero es muy importante señalar que continúa un proceso penal… la víctima justamente inició un proceso el cual fue clasificado como abuso sexual, y nosotras pediríamos justamente que para este caso igual se haya llevado con pues debida diligencia, que se agoten todas las líneas de investigación”.
Asimismo, hizo un llamado a las instancias correspondientes para garantizar el respaldo institucional a la víctima menor de edad, solicitando que la Comisión Estatal de Víctimas le otorgue asesoría jurídica integral, un servicio que —señaló— hasta el momento la colectiva brindado de manera directa.
En el ámbito universitario, la representante de ADAX Digitales cuestionó la actuación de la administración de la UAQ ante las denuncias, pidiendo una revisión profunda de los protocolos internos.
“Revisen justamente los protocolos que actualmente tienen, porque tampoco es posible que solamente sin ninguna explicación se genere un despido del profesor… este profesor tendría que haber llevado un proceso sancionador o no dentro de la unidad especializada de violencia en la Universidad Autónoma de Querétaro”.
Finalmente, la colectiva advirtió que la resolución de los casos de acoso o violencia de género dentro de las instituciones educativas no debe resolverse de manera discrecional ni limitarse a la separación del cargo, exigiendo claridad pública sobre las sanciones aplicadas para evitar la desestimación de las denuncias y proteger los derechos de las personas afectadas.
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