Katia Lemus
Tras asumir la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso Local, la diputada Adriana Meza Argaluza afirmó que impulsará una gestión basada en el respeto institucional, la comunicación permanente y la neutralidad política, priorizando el interés del Poder Legislativo sobre agendas partidistas o personales.
En el marco del proceso de entrega-recepción de los órganos directivos del Congreso local y tras el desahogo de las glosas del informe gubernamental, proceso que evidenció desacuerdos entre los distintos grupos parlamentarios, la legisladora anunció una agenda de acercamiento directo con las coordinaciones de las bancadas, los Poderes del Estado y la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).
“Mi forma de trabajar será siempre buscando el diálogo, la conciliación y la construcción. Cuando ponemos el interés institucional por encima de los intereses personales o de partido, las cosas salen bien. Por ello, buscaré reunirme con el gobernador, el secretario de Gobierno, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, así como con las coordinaciones parlamentarias para conocer sus prioridades”.
Respecto a temas prioritarios y proyectos de ley rezagados en comisiones entre ellos las iniciativas vinculadas a la interrupción legal del embarazo y reformas en materia de derechos sociales, la presidenta de la Mesa Directiva informó que solicitó un informe detallado a las áreas administrativas y a la Dirección de Servicios Parlamentarios.
Con base en la revisión del estatus jurídico y legislativo que entreguen los directores del Congreso, definirá el cause institucional que se dará a los dictámenes pendientes en coordinación con las comisiones dictaminadoras.
Cuestionada sobre el seguimiento a la Ley de Identidad de Género y el vencimiento del plazo para la recepción de observaciones o su eventual promulgación, Meza Argaluza aclaró que actuará con estricto apego a la normatividad vigente una vez que el asunto sea notificado formalmente a la Mesa Directiva.
Reiteró su disposición de mantener canales abiertos de comunicación con colectivos y organizaciones civiles, garantizando que el tratamiento de las reformas aprobadas por el pleno o en proceso de análisis se apegará a los cauces legales establecidos por la ley orgánica del Poder Legislativo.
