Eréndira Nzahki
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incorporó a 25 personas físicas y 15 empresas vinculadas con proveedores electorales a la Lista de Personas Bloqueadas, luego de detectar operaciones financieras con elementos de riesgo.
Además, la dependencia informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de que se investiguen los posibles hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.
La medida contempla restricciones a las operaciones financieras de las 40 personas físicas y morales incluidas en dicha lista, mientras las autoridades revisan los movimientos identificados.
Hacienda precisó que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida administrativa de carácter preventivo y no representa una determinación definitiva de responsabilidad. Por tanto, las personas y empresas involucradas conservan su derecho de audiencia y pueden recurrir a los mecanismos legales de defensa establecidos en la legislación mexicana.
ASF anuncia tres líneas de investigación sobre el gasto electoral
En paralelo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer tres principales líneas de trabajo que se encuentran en desarrollo, enfocadas en revisar las contrataciones públicas y el ejercicio de los recursos destinados a las autoridades electorales del país.
La ASF investiga diversas irregularidades en los procesos de contratación de todos los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), así como del Instituto Nacional Electoral (INE) y del entonces Instituto Federal Electoral (IFE).
Además se realiza un análisis de las adquisiciones del IFE, INE y la totalidad de los OPLEs durante un periodo de 25 años, es decir, del año 2000 al 2025; con el objetivo de identificar y dar a conocer posibles patrones de contratación, concentración de proveedores y prácticas ilegales en el ejercicio de los recursos públicos, tanto por parte de grupos empresariales como de servidores públicos.
Se plantea una auditoría integral al INE y al gasto federalizado de los OPLEs; es una tercera línea que contempla una revisión integral al INE, así como a la totalidad del gasto federalizado ejercido por los organismos electorales locales.
De acuerdo con la ASF, estas acciones responden a que los trabajos de inteligencia realizados y el análisis de la información solicitada a las entidades federativas advierten la existencia de múltiples irregularidades históricas en el ejercicio del gasto público relacionado con los OPLEs, el INE y el IFE.
La Auditoría Superior de la Federación señaló que estas investigaciones se desarrollan dentro del ámbito de sus atribuciones, con independencia, rigor técnico y apego a la legalidad.
Controversia alcanza al entorno del INE
Estas actuaciones se producen en medio de la controversia relacionada con los proveedores electorales y la difusión de videos en los que aparece Guadalupe Taddei junto al contratista José Alfredo Hernández Casillas, vinculado con empresas proveedoras de materiales electorales.
El caso ha colocado nuevamente bajo escrutinio los mecanismos de contratación, la relación entre proveedores y autoridades electorales, así como la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Con las investigaciones de la UIF y las líneas de trabajo anunciadas por la ASF, las autoridades buscan revisar operaciones financieras, procesos de contratación y adquisiciones electorales que abarcan más de dos décadas.
El desarrollo de estas investigaciones será determinante para esclarecer si existieron irregularidades en el uso de recursos públicos y, en su caso, establecer las responsabilidades correspondientes, respetando en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia.
