El veto a la Ley de Identidad de Género por parte del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, se sustenta en argumentos “tendenciosos” y en una narrativa de desinformación que ignora criterios ya establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), coincidieron los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Morena.
A través de un comunicado, las y los legisladores morenistas recordaron que la reforma al Código Civil no surgió de intereses partidistas, sino de una exigencia histórica de colectivos y organizaciones de la sociedad civil queretana, así como de iniciativas impulsadas por la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro.
Esto, luego de que la tarde de ayer, el mandatario estatal, Mauricio Kuri González, vetó la Ley de Identidad de Género, al considerar que va en contra de los valores, la educación y la integridad de las familias queretanas.
“Como parte del análisis de la llamada Ley de Identidad de Género, se identificó que existe el riesgo de que una persona que cambia de sexo oculte su acta de nacimiento original, lo que facilitaría que esa persona incumpla con su pensión alimenticia, que un criminal oculte su personalidad inicial o que un hijo no pueda identificar a su progenitor”.
La bancada de Morena subrayó que el máximo tribunal constitucional del país ya ha reconocido el derecho de las personas a adecuar su identidad de género y modificar sus documentos oficiales mediante procedimientos administrativos, sin necesidad de judicializar dichos trámites.
“Lo aprobado por esta Legislatura busca otorgar certeza jurídica a una realidad social existente en Querétaro y advertimos que la ausencia de un mecanismo legal para reconocer la identidad de género puede generar vacíos en materia patrimonial, familiar, administrativa y de responsabilidades frente a terceros”.
Las y los diputados señalaron que la reforma no elimina registros originales ni borra antecedentes legales, sino que establece mecanismos de trazabilidad jurídica precisamente para evitar posibles evasiones de obligaciones civiles o alimentarias.
Rechazaron categóricamente los señalamientos que han intentado vincular la reforma con menores de edad, al precisar que el texto aprobado establece expresamente, en el artículo 131 Ter, fracción II, que únicamente las personas mayores de edad podrán realizar dicho trámite.
“La redacción es clara y no deja espacio a interpretaciones: las y los menores no pueden acceder a este procedimiento”.
En el posicionamiento, también lamentaron los diputados y diputadas morenistas que el gobernador haya calificado la reforma como producto de “grupos radicales”, pese a que, afirmaron, el dictamen fue construido mediante trabajo legislativo en comisiones, foros abiertos y consultas con especialistas, además de haber recibido el respaldo de cinco de las seis fuerzas políticas representadas en el Congreso, incluido el PAN.
“El debate público debe darse con responsabilidad jurídica y sin descalificaciones ideológicas”, señalaron las y los legisladores, quienes advirtieron que etiquetar como “radical” cualquier avance en materia de derechos humanos representa una postura regresiva frente a una sociedad cada vez más plural y consciente de sus garantías constitucionales.
El Grupo Parlamentario de Morena reiteró su disposición al diálogo institucional, aunque pidió que éste se construya “sin insultos, sin etiquetas y poniendo por delante los derechos fundamentales de todas las personas”.
“La transformación social no se detiene por decreto ni por veto político. Los derechos reconocidos por la Constitución y la Suprema Corte seguirán siendo exigidos por la ciudadanía”, concluyó la bancada morenista.
