Katia Lemus
En el marco de los recientes y dolorosos acontecimientos que han conmocionado a la sociedad queretana, el debate sobre la justicia para adolescentes y la responsabilidad penal de los menores de edad ha tomado un papel central en la agenda pública del estado, reconoció Braulio Guerra Urbiola, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Querétaro.
“Los menores de 18 años que cometen delitos graves enfrentan un procedimiento especial bajo juzgados especializados para adolescentes, sin embargo, la legislación nacional e internacional que protege a los niños y adolescentes establece límites estrictos para las sanciones de privación de la libertad”.
Señaló que la consecuencia legal máxima para un menor de edad en el sistema de justicia penal es de hasta 5 años de prisión (internamiento definitivo), siendo el internamiento preventivo la medida cautelar aplicable durante el desarrollo de su proceso.
Actualmente, dijo, los menores involucrados en los casos más recientes ya se encuentran vinculados a proceso bajo la medida de prisión preventiva (internamiento preventivo), en etapa de investigación complementaria y a la espera de que se dicte la apertura de sus respectivos juicios, donde se determinará su situación jurídica definitiva sin superar el límite de los 5 años de sanción.
Cuestionado sobre los delitos en los que principalmente se ven involucrados los menores de edad en la entidad, se reconoció que los casos más recientes y trágicos corresponden al delito de homicidio.
Aunque, precisó que la incidencia de delitos cometidos por menores no ha registrado un aumento exponencial y se mantiene estable, los sucesos recientes, como el ocurrido en la comunidad de La Negreta, en el municipio de Corregidora, han sido calificados como sumamente dolorosos y lamentables para la cohesión social pues se habla de un menor de 16 años quien mató, con un arma blanca, a una persona identificada como “Quito”.
En su momento, el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, ha manifestado que se trata de conductas graves, señalando que los jóvenes de 16 o 17 años tienen plena conciencia del daño que causan y que, en muchas ocasiones, son utilizados como “carne de cañón” por grupos delictivos.
Ante esta realidad penal el alcalde de Corregidora, Josué Trápala Guerrero impulsó la discusión y el análisis de la denominada “Ley Chepe”, una iniciativa que busca abrir un debate profundo a nivel nacional y local sobre el tratamiento legal, las sanciones y las políticas de prevención orientadas a los adolescentes que incurren en conductas delictivas graves.
Al respecto, Guerra Urbiola enfatizó que, mientras se desenvuelven estas discusiones legislativas, los jueces penales del estado tienen la obligación de aplicar de manera estricta y a la letra lo que la ley vigente mandata. Por su parte, el Poder Judicial continúa coordinando esfuerzos para garantizar que los procesos se lleven a cabo con la debida sensibilidad, respetando los derechos humanos y procesales de las partes involucradas.
