Katia Lemus
Será este viernes cuando los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la LXI Legislatura de Querétaro analizará las observaciones que por segunda vez envió el titular del Ejecutivo Estatal al dictamen de la Ley de Identidad de Género y la Reforma Judicial, confirmó Guillermo Vega Guerrero, presidente de dicha comisión.
Frente a los cuestionamientos sobre el rezago y la acumulación de pendientes en su comisión legislativa, Vega Guerrero despejó las suspicacias y garantizó que los temas no quedarán “congelados” en la congeladora legislativa.
“A las 11:00 horas del próximo viernes se someterá a consideración de los integrantes de la comisión un cronograma de actividades claro y transparente respecto a la iniciativa de identidad de género, el cual prevé un periodo de análisis exhaustivo y consultas por escrito a instancias como la Secretaría de Gobierno y el Registro Civil durante los meses de octubre y noviembre, con la meta de emitir un dictamen hacia finales de noviembre y a las 12:00 horas se prevé la aprobación formal del dictamen final de la reforma constitucional en materia de reforma judicial”.
Respecto a las voces que han calificado el retraso en la agenda de género como un estancamiento, el legislador panista enfatizó que el calendario aprobado busca dar certeza a los colectivos y actores interesados de que el tema cuenta con plazos exigibles y un cauce institucional firme. Asimismo, confirmó que iniciativas como la de la Agenda 2030 llegarán al Pleno para su discusión abierta, garantizando que sea la máxima tribuna del estado la que debata y defina el rumbo de estas propuestas.
En el plano político y ante los recientes roces derivados de reacomodos partidistas en el Congreso Local, que involucran señalamientos de supuestas suspensiones de pagos a personal y acusaciones de desacato a la ley por parte de legisladores, Vega Guerrero rechazó tajantemente tener facultades directas sobre la nómina de los grupos parlamentarios.
“Yo no tengo facultades de la nómina; si hay algo de esto, pues que sus trabajadores demanden y puedan acreditar que están trabajando para ella (…) Es un tema que se tiene que volver laboral”.
Deslindó a la coordinación de responsabilidades administrativas sobre el personal adscrito a diputaciones que han migrado de fuerza política.
