Katia Lemus
El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la LXI Legislatura de Querétaro, Arturo Maximiliano García Pérez, defendió el dictamen de la reforma electoral aprobado en comisiones y rechazó de manera tajante que las modificaciones representen un retroceso en materia de paridad de género, como han señalado voces de la oposición.
Argumentó que, por el contrario, la reforma integra avances sustanciales y mecanismos que garantizan una mayor participación política de las mujeres en el estado, incluyendo la atención a mandatos judiciales previos.
“No podemos verlo como un retroceso, sino como un avance. El proyecto introduce lineamientos para incidir directamente en las demarcaciones con menor alternancia histórica”.
Ante los señalamientos de legisladoras de oposición, como la diputada del Partido del Trabajo, Claudia Díaz Gayou, quienes acusaron retrocesos en la agenda de género, el líder de la bancada de Morena detalló que la reforma introduce un artículo inédito para asegurar la postulación femenina en ayuntamientos tradicionalmente gobernados por hombres.
“Se estableció la obligatoriedad para que todos los partidos políticos postulen exclusivamente a mujeres en dos de los cinco municipios que históricamente no han sido gobernados por ellas”.
Aclaró que la estructura de los bloques de competitividad actuales no sufrió modificaciones negativas. “Retroceso hubiera sido que cambiáramos los bloques o alguna situación así”.
Recordó que los mecanismos vigentes ya han dado frutos palpables, permitiendo que la actual Legislatura esté integrada de forma histórica por 13 diputadas y 12 diputados.
Lenguaje incluyente y armonización jurídica
Además de la paridad, el coordinador parlamentario destacó que el dictamen abarca tres ejes fundamentales que modernizan el marco electoral de la entidad que es una demanda relevante para el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y diversos colectivos civiles; hay una optimización de los trámites y la operatividad administrativa del órgano electoral y hay una adecuación de las reglas procesales conforme a las resoluciones emitidas tanto por el Tribunal Electoral como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además de robustecer la tipificación de la violencia política en razón de género.
Cuestionado sobre si la totalidad de las diputadas de su partido respaldarán la iniciativa en el Pleno tras las inquietudes generadas en el sector, el legislador se limitó a señalar que el sentido de los votos se constatará públicamente.
“Ya lo veremos en la sesión. Yo creo que ustedes podrán ver justamente que, en muchos de estos temas, sin duda, hay un acuerdo”
Enfatizó que el dictamen de la reforma electoral local se estructuró bajo un estricto criterio técnico y constitucional para evitar que el marco normativo sea revocado por tribunales, justificando así el rechazo a propuestas de la oposición que pretendían modificar las reglas de género en los municipios más poblados.
Ante los señalamientos de la diputada Leonor (PVEM) y del PRI respecto a que se privilegiaron acuerdos políticos por encima de la paridad en demarcaciones como Querétaro y El Marqués, García Pérez precisó que forzar ciertos esquemas de paridad en esas zonas habría puesto en riesgo legal la reforma.
“Pensamos que podría violentar alguna directriz electoral y no queríamos llevarnos otra vez la sorpresa de que nos echen para atrás la ley”.
Uno de los puntos más debatidos en el marco de la reforma y la aplicación de las nuevas acciones afirmativas (que obligan a postular mujeres en dos de los cinco municipios históricamente gobernados por hombres) es el aparente choque con el derecho a la reelección de los actuales alcaldes por lo que el aclaró los alcances jurídicos, es decir, aunque constitucionalmente un presidente municipal tiene derecho a buscar la reelección, los partidos políticos no tienen la obligación legal de postular al mismo candidato.
Detalló que no existe un criterio que anteponga el derecho individual de un funcionario a reelegirse por encima de las facultades de postulación del partido o de los bloques de paridad.
Recordó que, con base en el Plan B propuesto por su partido, la reelección desaparecerá formalmente de la Constitución en 2030. Además, la actual reforma local ya limita la estructura municipal a un máximo de un síndico y no más de 15 regidores por ayuntamiento.
