Katia Lemus
Una seria acusación por el presunto uso clientelar del derecho humano al agua encendió las alarmas en el ámbito político local, luego de que el diputado independiente de la LXI Legislatura, Enrique Correa, denunció que personal adscrito a la oficina del diputado Ulises Gómez de la Rosa, integrante de la bancada de Morena, está coaccionando a habitantes de la delegación de Santa Rosa Jáuregui para afiliarse a dicho partido a cambio de tramitarles contratos de agua potable a bajo costo.
De acuerdo con Correa Sada, la red de condicionamiento opera en las inmediaciones de las oficinas de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) en Santa Rosa Jáuregui, donde largas filas de ciudadanos vulnerables buscan acceder al programa de apoyo impulsado por el Gobierno del Estado para la instalación de tomas domiciliarias.
Refirió que desde hace varias semanas ha recibido quejas directas de pobladores que acudieron a realizar sus trámites. Según las evidencias presentadas, personal plenamente identificado con la Legislatura Local aborda a las personas en la fila y les exige registrarse en sus bases de datos y afiliarse a Morena como requisito previo para recibir el beneficio social.
“Nadie puede condicionar el acceso al agua, a los bienes ni a los servicios públicos. Eso es una grave violación a los derechos humanos y un delito electoral”.
Adelantó que este asunto no se quedará en un reproche mediático, sino que presentará las denuncias formales, primero ante la Contraloría del Poder Legislativo, para deslindar responsabilidades administrativas sobre los servidores públicos implicados, y posterior ente ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) por la presunta comisión de delitos electorales y uso indebido de recursos públicos.
Además, se pudo confirmar la existencia de que, en las últimas semanas, las plataformas digitales y los grupos comunitarios de la delegación Santa Rosa Jáuregui han comenzado a llenarse de publicaciones con fotografías, videos promocionales y un mensaje unánime: la “ayuda” ha llegado para destrabar los complejos trámites de contratación e instalación de tomas individuales de agua potable.
Durante un recorrido en Santa Rosa Jáuregui, se pudo constatar un despliegue de decenas de brigadistas y personal (asesores) de la oficina del legislador Ulises Gómez de la Rosa para instalar “mesas de trabajo” directamente en las comunidades.
Por lo que se observó que este equipo realiza coteja los documentos de propiedad, llena solicitudes y verifica requisitos técnicos para evitar que los trámites sean rebotados por la ventanilla burocrática estatal.
Incluso se escucha a una trabajadora de los llamados “servidores de la nación” aseguró que están “ayudando a la gente” para que no haga largas filas para recibir el servicio e incluso les dicen que para que no haya burocracia ellos los pueden apoyar.
Al cuestionar a la trabajadora, quien incluso se negó a proporcionar su nombre, refirió que no se les estaba pidiendo nada a cambio, pero una vecina de la zona le refutó que a ella le pidieron la credencial de electoral y le dijeron que para este tipo de apoyos la tenían que afiliar al partido.
“Está mintiendo y lo peor es que están lucrando con la necesidad que tiene la gente para realizar este tipo de solicitudes; Yo tengo un año con mi solicitud para la instalación de mi toma, pero nunca me han pedido dinero a diferencia de estos trabajadores, quienes se encuentran afuera de la oficina que tiene la Comisión Estatal de Aguas (CEA) en esta delegación.
El despliegue, al menos en el puesto que está frente a la oficina de la CEA en Santa Rosa, incluye carpas, mobiliario, plantas de luz, equipo de cómputo portátil, impresoras y conectividad satelital para digitalizar e imprimir identificaciones y constancias en tiempo real en comunidades vulnerables.
Incluso los mismos servidores de la nación entregan volantes y han reconocido que esta difusión la están haciendo a través de medios digitales locales para comunicar el paso de las brigadas y difundir el derecho humano al agua, instando a los habitantes a regularizarse.
Otra de las integrantes del grupo de trabajo vinculado al movimiento de los Siervos de la Nación defendió la presencia del personal en las oficinas de la CEA. Afirmó que su única labor es asesorar a los ciudadanos debido a los estrictos y “abusivos” trámites impuestos por la dependencia estatal.
Sin embargo, testimonios de los afectados refieren que dicha “asesoría” viene acompañada del llenado de formatos de registro partidista y el condicionamiento explícito de que, de no sumarse al padrón de Morena, no obtendrán el descuento estatal para la infraestructura hídrica.
Por su parte Enrique Correa, recordó que el Gobierno Estatal activó esquemas de subsidio para permitir que familias en zonas de alta vulnerabilidad accedan a tomas domiciliarias a un costo sustancialmente menor al tarifado habitualmente por la CEA.
