Katia Lemus
Frente a las iniciativas políticas que promueven un endurecimiento en las penas a menores de edad que cometen delitos de alto impacto, especialistas en psicología y criminología advierten que el incremento de las sanciones penales resulta ineficaz si no se atienden de fondo la descomposición del entorno familiar y la pérdida de las redes comunitarias de protección social, reconoció Carolina Ferreira, psicóloga y maestra en criminología e integrante del Patronato Psicológico Queretano.
Señaló en entrevista que recurrir al castigo como principal mecanismo de control social es una estrategia con probada ineficacia histórica, especialmente en el desarrollo adolescente.
“El tema de utilizar el castigo como control social frente al delito es algo que se ha demostrado que no tiene efectos positivos. Si no los tiene en los adultos, mucho menos en los menores, quienes están en un periodo de desarrollo donde intervienen múltiples factores”.
El debate cobra relevancia en Querétaro tras la propuesta conocida como la “Ley Chepe”, presentada por el edil de Corregidora, Josué “Chepe” Guerrero, la cual busca modificar el marco normativo para juzgar como adultos a jóvenes de entre 15 y 17 años que cometan delitos graves o se involucren con la delincuencia organizada.
Sin embargo, desde el ámbito institucional y judicial se han precisado las alcances y límites de estas iniciativas locales, es decir, en su momento el fiscal general, Víctor Antonio de Jesús Hernández, reconocido que cualquier modificación de fondo en la impartición de justicia penal para adolescentes o en las reglas adjetivas del proceso deba ser abordada y debatida de manera integral en el Congreso de la Unión.
Esto, dijo, debido a que la regulación procesal penal y el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes responden a un esquema federado regido por el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, por lo que los congresos locales carecen de competencia para alterar unilateralmente los márgenes punitivos o procesales.
Por su parte, Braulio Guerra Urbiola, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Querétaro, ha manifestado que, si bien la pena máxima actual de cinco años de internamiento para menores puede generar una percepción de impunidad social ante delitos de alto impacto, una reforma de este tipo requiere un análisis técnico y una discusión seria que sopese los convenios internacionales en materia de derechos de la niñez.
Para Carolina Ferreira, la creciente incursión de adolescentes en actividades delictivas no ocurre de forma aislada, sino que responde a un quebrantamiento estructural de los controles informales que antes ejercía la sociedad como la familia extensa y la cohesión comunitaria.
“Antes existía la participación de tíos, abuelos o vecinos que supervisaban a los niños. Hoy nos encaminamos a una individualización donde los adultos temen involucrarse, dejando a las infancias en situaciones de desamparo cuando los tutores primarios fallan”.
Añadió que las agrupaciones delictivas aprovechan esta vulnerabilidad afectiva y social, funcionando como un espacio de acogida para jóvenes que buscan un sentido de pertenencia o reconocimiento que no encuentran en sus hogares o escuelas.
Respecto a propuestas complementarias como la restricción del uso de celulares en planteles educativos o el límite de edad para el acceso a redes sociales, Ferreira subrayó que las medidas restrictivas resultan insuficientes si no van acompañadas de la presencia activa de los adultos.
“No se trata solo de limitar el uso del dispositivo, sino de asegurar un acompañamiento real: saber cómo le va al menor en la escuela, qué amigos tiene y cómo se siente. El vínculo afectivo sano es lo que realmente genera estrategias de autocuidado y previene la conducta delictiva”.
Instó a las autoridades y a la sociedad a volcar los esfuerzos institucionales hacia la prevención temprana y el fortalecimiento familiar mediante programas de crianza y gestión emocional, en lugar de apostar únicamente al internamiento penitenciario, el cual mantiene altos índices de reincidencia en el país.
“Para profundizar en las posturas institucionales y discusiones previas sobre este debate legislativo, puedes consultar la intervención sobre la propuesta para juzgar a menores como adultos. Este contenido es relevante para comprender los argumentos normativos y de seguridad pública planteados a nivel estatal”.
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