Representantes de la sociedad civil y colectivos defensores de los derechos de la diversidad sexual fijaron una postura firme respecto al estatus de la Ley de Identidad de Género, denunciando que las trabas administrativas interpuestas desde el Ejecutivo estatal y diversas dependencias del Poder Legislativo constituyen una estrategia de dilatación que atenta contra los derechos fundamentales de las personas trans y no binarias en la entidad.
Denuncian dilatación en comisiones y señalan directamente a legisladores
En su intervención, el vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico, Waltter López González, ofreció un recuento detallado de la ruta legislativa que ha seguido la iniciativa desde 2017.
Destacó que, tras un largo esfuerzo ciudadano e institucional impulsado con el apoyo de distintas representaciones y el respaldo del diputado Arturo Maximiliano, la LIX Legislatura logró aprobar dos dictámenes distintos con mayorías de 14 y 15 votos respectivamente, reflejando la clara voluntad democrática del pueblo queretano.
López González calificó las segundas observaciones enviadas por el Poder Ejecutivo como una “burla” al proceso legislativo y a la ciudadanía, señalando que consisten únicamente en correcciones de estilo y de ortografía que no poseen ningún sustento ni fondo jurídico relevante.
Ante esta situación, emitió un señalamiento directo hacia el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el diputado Guillermo Vega Guerrero, así como hacia la presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Adriana Meza.
“Exhorto al diputado Guillermo Vega, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, a que lea ese documento y lo regrese a la presidencia de la Mesa Directiva, a la diputada antiderechos Adriana Meza. Porque eso no vale como una observación… son correcciones de estilo y eso no tendría que gastarse el tiempo de una comisión y después del Pleno para hacerle el caldo gordo al Ejecutivo por segunda vez”, enfatizó.
El activista recalcó que Querétaro se ubica entre los últimos ocho estados del país que se niegan a garantizar el reconocimiento administrativo de la identidad de género, manteniendo una postura restrictiva en materia de derechos humanos y de libre desarrollo de la personalidad.
“Reclamamos el derecho histórico que se nos ha negado”: María José
Por su parte, la activista trans María José, integrante del Frente por la No Discriminación y primera mujer transgénero indígena Yosnah de la región de Tolimán, contextualizó la lucha de las identidades dentro de las tradiciones y cosmovisiones de los pueblos originarios.
Explicó que en su comunidad se reconoce históricamente a la persona de “dos lunas”, una figura que integra la diversidad dentro del tejido social.
María José recalcó que la exigencia de la comunidad trans no responde a una demanda sectorial ni a una concesión política, sino al cumplimiento del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Además, denunció que la falta de un marco legal adecuado expone de forma sistemática a las personas trans a situaciones de estigmatización, incriminación y encubrimiento de agresiones.
“Reclamamos el derecho a la identidad, que exigimos desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación el poder tener y reconocer esta identidad que históricamente se nos ha negado… Es importante que en esta ocasión la ultraderecha y las situaciones conservadoras vean que estamos unidos, que vean que prácticamente estamos trabajando por la identidad y el reconocimiento de aquellas personas históricamente vulneradas”, enfatizo.
Asimismo, María José subrayó que la población trans y no binaria no debe ser utilizada como “moneda de cambio” en negociaciones ni coyunturas políticas, haciendo un llamado a las autoridades estatales a abandonar las posturas de veto y a dar cumplimiento a la publicación de la normativa para garantizar una vida digna, equitativa y libre de discriminación en la entidad.
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