Katia Lemus
Aunque el triunfo de Silvia Amaya Llano es legal y legítimo para seguir al frente de la Universidad Autónoma de Querétaro para el periodo 2027-2030, el desglose de votos muestra que solo una minoría del estudiantado respaldó su propuesta, confirmó Teresa García Gasca, exrectora de la máxima casa de estudios.
Además, advirtió sobre la complejidad de atender casos de violencia de género por lo que pidió evitar revictimizaciones en los procesos internos.
Frente a este escenario y las protestas desatadas en planteles como la Facultad de Filosofía, la exrectora de la máxima casa de estudios analizó la coyuntura y apuntó directamente a los “números chiquitos” de la contienda como la clave para entender el descontento de las y los jóvenes.
Aclaró que el resultado de la elección no está en duda ni manipulado, ya que se rigió estrictamente bajo la normativa universitaria, sin embargo, la lectura superficial de los números oculta una fractura importante en la representación estudiantil.
“El resultado de la elección es legítimo, o sea, es voto con voto de acuerdo a la normativa universitaria. […] Con ese 30% [de aprobación estudiantil] la alcanzó para tener los 44 votos, pero eso es importante. Quiere decir que nada más un tercio de los estudiantes está conforme con lo que ella propuso, pero un 70% no. Y ahí está el meollo del asunto”.
La también investigadora subrayó que la actual administración tiene el reto inaplazable de abrir canales reales de diálogo con ese sector inconforme, revisar aquellas solicitudes legítimas enfocadas en mejorar los procesos electorales de la institución y clarificar las dudas normativas que persiguen a la comunidad.
Sobre las demandas estudiantiles que exigen respuestas ante casos de violencia de género, incluyendo denuncias recientes en campus serranos y críticas sobre la actuación tardía de la universidad durante la contienda, García Gasca reconoció que se trata de situaciones profundamente sensibles y complejas.
Desde su experiencia al frente de la rectoría, explicó que los expedientes internos en la Unidad de Atención de Violencia de Género (UAVI) suelen enfrentarse a obstáculos procesales.
“Muchas veces se abren expedientes, pero llevan sus tiempos; se necesita que las propias personas afectadas ratifiquen, el proceso se vuelve un poquito revictimizante y entonces abandonan”.
Recordó que las capacidades de la universidad tienen un límite legal claro: “Las universidades no tenemos todas las respuestas con respecto a cuestiones de violencia de género… muchas de estas situaciones las tiene que resolver la Fiscalía. O sea, ni siquiera la universidad tiene las herramientas”.
Consideró indispensable evaluar caso por caso para deslindar responsabilidades y determinar si existieron fallas procedimentales internas o si los asuntos competen directamente a la procuración de justicia estatal.
