Información: Denuncia Michoacán
Veracruz.- La noticia aún espera la confirmación oficial de las pruebas periciales, pero el solo hecho de que haya trascendido el posible hallazgo sin vida de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, vuelve a estremecer a un país donde informar sigue siendo una actividad de alto riesgo.
Si la identidad del cuerpo localizado en un operativo en Moloacán es confirmada por las autoridades, México no solo habrá perdido a una comunicadora; habrá vuelto a fallar en la obligación más elemental de un Estado: proteger la vida de quienes ejercen el derecho de informar.
Cada periodista que desaparece, es amenazado o asesinado deja una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿quién gana cuando el miedo silencia a la prensa?
La violencia contra periodistas ya no puede verse como una estadística más. Detrás de cada nombre hay una familia, una comunidad y cientos de historias que quizá nunca volverán a contarse. La impunidad, además de proteger a los agresores, envía un mensaje devastador para quienes todos los días salen con una cámara, un micrófono o una libreta a documentar la realidad.
La exigencia hoy es doble. Al gobierno le corresponde esclarecer los hechos con absoluta transparencia, agotar todas las líneas de investigación y garantizar que este caso no termine archivado como tantos otros. A la sociedad le corresponde no acostumbrarse, no guardar silencio y entender que cuando callan a un periodista también intentan callar el derecho de todos a conocer la verdad.
Mientras la Fiscalía concluye la identificación oficial del cuerpo localizado, la prudencia obliga a esperar los resultados periciales. Pero la indignación no tiene por qué esperar. Porque ninguna democracia puede presumirse sólida cuando quienes la vigilan viven bajo amenaza.
