Katia Lemus
La Colectiva ADAX Digitales impugnará ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la resolución emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), la cual determinó no dar seguimiento al expediente de la menor Esmeralda al considerar que no existieron violaciones por parte de diversas instituciones estatales y dar por cumplidas las recomendaciones previas.
De acuerdo con el oficio DDH/SG/31/2026 correspondiente al expediente DDH/QO/23/2026, suscrito por la visitadora general Luz Alegría Salgado Monjarás y dirigido al padre de la menor, J. Ismael Aguilar Vega, la DDHQ dio por concluida la queja.
En el documento se especifica que, respecto a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Comisión de Atención Integral a Víctimas, el asunto concluyó por “no violación a derechos humanos”; mientras que para la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Instituto de la Defensoría Penal Pública, la causa se cerró al dar por “cumplida la recomendación emitida de manera previa”.
Sin embargo, Mayra Dávila Alvarado, fundadora y representante legal de ADAX Digitales, rechazó la determinación del organismo autónomo al señalar que existen fallas e institucionalidad omisa en la atención del caso.
“Vamos a impugnar esta resolución e iremos a la CNDH porque consideramos que sí hubo violación a los derechos humanos de Esmeralda por parte de las instituciones. La Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes tenía la obligación de velar por los derechos de la infancia y no estuvieron presentes ni dieron seguimiento posterior; la familia se ha quedado únicamente con nuestro acompañamiento”.
Dávila Alvarado, quien encabezó la defensa legal en el caso de Esmeralda, una menor de 14 años en Querétaro criminalizada tras sufrir un aborto espontáneo producto de una violación, recriminó el actuar de la asesoría jurídica pública de la Comisión Estatal de Víctimas al señalar que en el proceso inicial por el delito de violación la carpeta se archivó sin que se realizara una investigación exhaustiva ni se impugnara el no ejercicio de la acción penal.
Acuerdos en el ‘limbo’ e intervención de la Secretaría de Gobierno
Respecto a los compromisos institucionales previamente asumidos para apoyar a la menor y a su familia, entre los que se encontraban apoyos de vivienda y garantizarían sus estudios, la activista aseguró que se paralizaron las acciones tras los cambios de titulares en diversas dependencias.
Sin embargo, confirmó que este día sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, para abordar el estatus de las promesas pendientes de cumplimiento.
Según lo expuesto por la activista, el encargado de la política interna del estado solicitó un margen de algunas semanas para revisar la situación y destrabar los acuerdos institucionales, solicitando el avance inmediato a los funcionarios responsables de dichos compromisos.
Reiteró que mantendrá la defensa legal y acompañamiento a la familia Aguilar Vega, haciendo uso del plazo legal de 30 días naturales estipulado en la ley para interponer la inconformidad correspondiente ante las instancias federales.