RNOA

Katia Lemus

Con un total de 311 registros actualizados ante el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), el Poder Judicial del Estado de Querétaro mantiene el seguimiento puntual de las personas que incumplen de manera reiterada con el depósito de sus pensiones alimenticias, una medida que busca salvaguardar el interés superior de la infancia y garantizar los derechos de acreedores alimentarios en la entidad.

De acuerdo con el informe oficial que Proporcionó el Poder Judicial de Querétaro con corte al 9 de noviembre de 2026, la morosidad en materia de responsabilidades familiares continúa concentrándose mayoritariamente en el sector masculino: de los 311 expedientes activos e integrados en la plataforma federal, 298 corresponden a hombres (95.8%), mientras que 13 casos corresponden a mujeres (4.2%).

A la par de las nuevas incorporaciones derivadas de los resolutivos emitidos por los juzgados familiares del estado, el reporte institucional destaca un avance favorable en la cultura del cumplimiento legal al contabilizarse 20 cambios de estatus a “no moroso”.

Esta cifra refleja el impacto de las resoluciones judiciales en las que los obligados se ponen al corriente con sus compromisos económicos, logrando así la modificación formal de su situación en el padrón nacional.

La inscripción en el RNOA, cuya consulta pública y emisión de certificados gratuitos se realiza a través del portal oficial RNOA, conlleva diversas restricciones legales y administrativas en el estado de Querétaro.

Entre ellas destaca la obligatoriedad de presentar el certificado de no inscripción para trámites de relevancia como la obtención de la licencia de conducir, la postulación a cargos públicos o transacciones notariales, inhibiendo las acciones de quienes evaden la manutención.

El Poder Judicial exhortó a la ciudadanía que enfrenta situaciones de incumplimiento en el pago de pensiones a acercarse directamente al juzgado familiar que conoce de su juicio particular o bien a la Área de Orientación y Servicio a la Ciudadanía, donde se brinda asesoría jurídica especializada sobre los pasos procesales requeridos para solicitar la inscripción formal de un deudor alimentario.

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